Madres solteras, cuidadoras y trabajadoras informales: las migrantes más afectadas por los requisitos inesperados de la regularización extraordinaria
- Madres solteras, cuidadoras y trabajadores informales que no pueden demostrar su situación enfrentan enormes obstáculos para acceder al proceso de regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno.
- Madrina expresa su deseo de acreditarse como una organización habilitada para expedir el certificado de vulnerabilidad necesario para la regularización.
- Madrina recalca su sorpresa por la exclusión de esta regularización de familias saharauis y ucranianas que, por derecho y tiempo, se merecen esta regularización.
Madrid, 5 de mayo 2026. Durante las sesiones informativas, en el reparto de alimentos, en las citas con las trabajadoras sociales o en los pasillos de la Fundación hay un tema que preocupa cada vez más a muchas usuarias de Madrina que llegan desde todos los rincones de Madrid, incluso del resto de España: la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno.
Madres solteras y familias migrantes atendidas por la Fundación han manifestado desde la entrada en vigor de la ley, el pasado 16 de abril, enormes dificultes para acceder al certificado de vulnerabilidad, un requisito de último momento agregado por el Gobierno nacional en el Real Decreto final de la regularización.
“Es un certificado innecesario, que ha desatado el caos en las instituciones y el temor en muchos posibles beneficiarios, hoy dependientes de la ayuda humanitaria”, señala el presidente de Madrina, Conrado Giménez Agrela, quien muestra preocupación por las enormes filas registradas en las primeras semanas de la medida y las condiciones en las que miles de personas están pernoctando a la intemperie con la esperanza de acogerse a ella.
“De nuevo la administración lo hace deprisa, corriendo e improvisando y de una manera tecnológica sin contar la brecha digital de muchas familias vulnerables ni con las administraciones locales”, condena el responsable de la entidad.
Las versiones de los últimos borradores del Real Decreto daban a entender que el hecho de estar en situación de irregularidad sería suficiente para demostrar ser una persona vulnerable. No obstante, el texto publicado en el Boletín Oficial decretó que esta condición debe demostrarse mediante un informe de los Servicios Sociales o de algunos organismos avalados por el Estado.
“¿Qué vulnerabilidad debe demostrar una madre que tiene que hacer una fila desde el amanecer para recibir los alimentos de Madrina o que no puede permitirse un piso para su familia porque no tiene documentos, está embarazada y gana un salario mínimo, en el mejor de los casos?”, se pregunta Giménez Agrela.
Ese es el caso de Diana María Jaramillo, de 29 años, para quien “todo iba muy bien hasta que pidieron el informe de vulnerabilidad”. Esta abogada y migrante colombiana vinculada como usuaria a la Fundación Madrina narra que tenía todo listo para realizar su solicitud, pero la publicación del decreto final “llegó como un baño de agua helada”.
Diana asegura haber intentado, sin éxito, conseguir el informe de vulnerabilidad en los Servicios Sociales y en múltiples instituciones sociales. “Estoy a punto de dar a luz y todos los días caminando en busca de ese documento está siendo muy complicado”, añade.
Dada la difícil situación que viven familias como la de Diana, es imperativo agilizar los mecanismos para garantizar que los hogares de mayor riesgo logren entrar en la regularización extraordinaria que, según UNICEF, puede beneficiar a cerca de 200.000 menores de edad.
Más de 130.000 extranjeros iniciaron el trámite para la regularización solo en la primera semana, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, Madrina estima que cerca de la mitad de las peticiones totales van a ser rechazadas por la precipitación con la que se ha ejecutado el proceso. “Se van a crear más expectativas de lo que realmente se va a conseguir”, zanja Giménez Agrela.
Vías alternas ineficaces
El informe de vulnerabilidad, según el Real Decreto, no es un requisito para personas que puedan demostrar haber trabajado o tener una oferta de empleo, ni para familias con hijos menores a cargo con mayores con discapacidad o dependientes. Sin embargo, aunque miles de migrantes están excluidos bajo esos supuestos, no pueden demostrar esa condición, debido, justamente, a la marginación que han soportado por no tener un permiso legal de residencia.
Es el caso de los extranjeros que son llamados a trabajar sin un contrato laboral, quienes no pueden demostrar legalmente su actividad al no estar dados de alta en la seguridad social, una situación que comparten algunas madres que trabajan “por horas” como cuidadoras o trabajadoras de la limpieza en régimen de internas. Estas últimas, además, se muestran preocupadas al no poder ausentarse horas de sus trabajos, mucho menos dormir a la intemperie en busca de un turno para la emisión del informe de vulnerabilidad.
Paralelamente, el supuesto bajo el cual se exonera del informe a las familias con hijos a cargo también enfrenta múltiples trabas burocráticas para su sustentación. Los documentos oficiales que pueden acreditar esta situación —como el empadronamiento, los contratos de alquiler o historiales de consumo— no son archivos a los que tengan fácil acceso las personas migrantes en situación irregular. En ese caso, solo quedan los servicios sociales y oenegés para demostrar el vínculo familiar, aunque esas instituciones ya están saturadas por los solicitantes del informe de vulnerabilidad.
“Es como un círculo vicioso: las personas que trabajan no pueden demostrar que lo hacen al no tener un contrato laboral, aunque tampoco pueden sacar el informe de vulnerabilidad por no ausentarse de sus empleos. Mientras que algunas familias con menores a cargo tampoco pueden acreditarlo porque su situación de irregularidad las ha privado de los documentos para hacerlo”, remarca Conrado Giménez.
Tras identificar esta situación problemática para miles de familias vulnerables de Madrid, la Fundación Madrina iniciará las averiguaciones para acreditarse como una entidad oficial para emitir el informe de vulnerabilidad, “en un intento por ayudar a los Servicios Sociales y a las familias migrantes a salir de la compleja situación en la que los ha dejado el Gobierno nacional y siempre con la vista puesta en las familias necesitadas”, en palabras del presidente de Madrina. Igualmente, “recalca su sorpresa por la exclusión de esta regularización de familias saharauis y ucranianas que, por derecho y tiempo, se merecen esta regularización”. Y añade que “habrá nacionalidades como la nicaragüense y cubana, entre otras muchas, que tendrán impedimentos políticos y burocráticos para acreditar los papeles que se requieren”.
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