- La Fundación Madrina ha documentado una omisión sistemática de la resolución 16/2023 de la viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que garantiza acceso al sistema sanitario a madres gestantes y menores de edad sin permiso de residencia
- El servicio sanitario de la Fundación Madrina ha atendido en 2024 a 334 madres y 186 niños, a la mayoría de ellos se les ha negado la atención en sus centros de salud
Madrid, 11 de diciembre. – La cobertura sanitaria en Madrid, lejos de ser universal, es en ocasiones más excluyente que lo que permite la ley. Así lo revelan múltiples testimonios recabados por la Fundación Madrina en el último mes, como parte de una investigación más amplia sobre los abusos, maltratos e ilegalidades cometidas por los centros de salud o de servicios sociales de la región de Madrid, en contra de mujeres migrantes durante su embarazo o recién dadas a luz.
La investigación comienza a partir de un breve cuestionario entregado a las usuarias de la Fundación en el que se les pregunta si alguna vez les ha sido negada la atención en un centro de salud durante el periodo de gestación, o a los bebés tras el parto. Aquellas que responden positivamente pasan a una entrevista presencial en la que describen detalladamente lo ocurrido para que el equipo de la Fundación Madrina determine si se trata de una ilegalidad —según la legislación aplicable vigente—; o si representa un caso de violencia institucional. Las entrevistas que no presentan un argumentario claro en relación con los hechos descritos son descartadas en esta fase.
Al menos una veintena de mujeres, entre un centenar que han sido preguntadas, han denunciado denegación de la atención sanitaria a ellas o a sus hijos, o maltratos en centros de salud o servicios sociales. Algunas han tenido que pagar por los servicios recibidos.
Lisney Gertrudez, venezolana mudada recientemente a Madrid y paciente del Centro de Salud Pacífico, ha padecido esta situación. “Siempre me decían que no me podían atender porque tenía que tener tres meses aquí [en España]. Incluso después de dar a luz tampoco me querían atender con la bebé”, narra esta madre entre lágrimas al recordar “lo mal” que la pasó por esta situación: “Migrar de mi país no fue nada fácil y llegar aquí para que me trataran mal no ha sido agradable”.
Wendy Rodríguez ha tenido su segundo hijo a los 27 años. En el centro de salud más cercano le negaron la atención al recién nacido por carecer de registro civil, según relata. El rechazo se produjo a pesar de tener el certificado de nacimiento, un documento que en el hospital donde dio a luz le aseguraron que era suficiente para acceder al sistema. “Tuve que pedir cita con la trabajadora social, ella fue la que se dirigió la secretaría para inscribir al niño y que pudiera ser atendido”. Ya había transcurrido más de un mes desde la primera denegación.
Los testimonios convergen en los motivos más frecuentes por los cuales se niega la atención sanitaria. Carecer de certificado de empadronamiento, tener menos de tres meses en territorio español o no ser titular de un permiso de residencia suelen ser las causas de rechazo más frecuentes.
Ninguna de estas razones respeta la legislación actual, bajo la cual una madre gestante y menores de 18 años deben ser atendidos sin importar su estatus migratorio o el tiempo de permanencia en España.
La resolución 16/2023 de la viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ordena que la cobertura sanitaria se extienda a “personas extranjeras sin residencia legal afectadas por enfermedades transmisibles o situaciones de especial protección […] como mujeres embarazadas o menores de 18 años”. Otras normativas como el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, reconoce el derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondo públicos para personas “no registradas ni autorizadas como residentes en España”.
Violencia institucional
Las madres no solo denuncian obstáculos para acceder a la asistencia sanitaria, algunas también confiesan haber sido maltratadas por el personal sanitario o de servicios sociales.
Eymery Nole (28 años), con 38 semanas de gestación de su primer hijo, ha manifestado haberse sentido “muy incómoda” por una trabajadora social que actúo de “una forma muy déspota”, al punto de sugerirle tomar un plan de retorno voluntario para volver a su país, tras negarle cualquier soporte institucional: “No me quería dar ningún tipo de ayuda, pero sí quería devolverme a mi país. Tuve que pedirle que me derivara a alguna fundación donde me pudieran ayudar”.
Nole no está sola. Eva, una española que prefiere no revelar su apellido, ha “salido de todas las ecografías llorando”, tanto en su primer embarazo como en el actual. En ambos, el temor infundado por el personal sanitario por tener sobrepeso —en el primer embarazo— y más de 40 años de edad —en el segundo— han hecho de su gestación una tortura. A pesar del factor de riesgo, su primer hijo nació totalmente sano y en la gestación actual las analíticas se han interpretado como un parte de tranquilidad. Eso sí, lamenta la mujer: “Todo el día me están diciendo cosas negativas por el peso o la edad, entonces no puedo disfrutar de mi embarazo”.
Salvando las vidas que olvida el Estado
Este año, la Fundación Madrina ha atendido en su servicio sanitario a 334 madres y 186 niños, “a la mayoría de ellos se les ha negado la atención en sus centros de salud”, resalta Karina Polanco, coordinadora de la atención sanitaria y el call center de la entidad. Polanco describe casos en los que ha optado por explicar e imprimir la resolución de la Comunidad de Madrid a las usuarias para que las representen en sus centros de salud. “En muchos casos las chicas que presentan el documento han conseguido tener atención sanitaria”, remarca sonriente la también auxiliar superior en pediatría.
Madrina está adelantando una investigación que se prolongará hasta 2025 para recabar y catalogar los tipos de ilegalidades o maltratos que detallan las madres extranjeras en Madrid al momento de solicitar asistencia sanitaria o de servicios sociales. La iniciativa ha surgido ante el goteo incesante de casos que llegan en busca de atención a la sede de la entidad.
El departamento de Comunicación de Madrina hace un llamado a la prensa para dar a conocer esta problemática silenciosa, pero flagrante. Quien desee profundizar en más detalles de la investigación puede escribir o llamar a los canales habituales de contacto.
